Represalias del INPEC contra presos y presas políticas y sociales del ERON – Jamundí Valle

Mujer presa con su hijo - Archivo FCSPP

Mujer presa con su hijo – Archivo FCSPP

La situación se agudizó tras la muerte de JENNY ALEXANDRA CUERO, una mujer de 24 años, madre de dos hijos y que desde meses atrás venía solicitando ateción médica a las autoridades carcelarias. Hoy hay 40 mujeres en huelga de hambre desde el 21 de agosto/2012, y los hombres del ERON se declaran en desobediencia pacífica. Ante estas manifestaciones algunos guardianes amenazan y atacan a las manifestantes, amenazándolas incluso con quitarle a sus hijos.

A continuación, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos seccional Valle del Cauca, informamos a la opinión pública la grave situación de derechos humanos en la que se encuentra las personas privadas de libertad en por motivaciones políticas y/o comunes recluidas en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional-ERON Jamundí, y la Reclusión de Mujeres.

Hechos

  1. Desde el día 21 de agosto de 2012 se inició al interior del ERON Jamundí una jornada desobediencia civil por parte de las y los detenidos. La protesta tiene como finalidad sumarse a las otras 24 cárceles que se encuentran protestando contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que se ven sometidos por parte del INPEC, CAPRECOM y CONTRATISTAS DE LA CÁRCEL.

  2. La situación se agudizó cuando la semana pasada JENNY ALEXANDRA CUERO, una mujer detenida en la Reclusión de Mujeres de Jamundí, murió por falta de atención médica oportuna, pues el cuerpo de guardia y custodia del INPEC no la traslado a tiempo al centro hospitalario correspondiente.

  3. JENNY ALEXANDRA CUERO de 24 años de edad y madre de dos hijos venia manifestando un agudo dolor abdominal hace varios días, el INPEC la trasladó al Hospital Piloto de Jamundí donde le dieron de alta y la regresaron a la reclusión, JENNY ALEXANDRA siguió presentando intensos dolores y finalmente, en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Cali, murió a causa de una infección aguda en los intestinos.

  4. Este fatal evento fue el detonante para que muchas otras detenidas se sumaran a la jornada desobediencia civil que se venía adelantando al interior de la cárcel. Las actividades de protesta han consistido en:

  • Huelga de hambre
    Formar sentadas
    No portar el uniforme
    No salir a educativas
    No participar en ninguna actividad
    Uso de camisetas blancas

  1. Según información de las detenidas, a la huelga de hambre se sumaron alrededor de 40 reclusas y a las demás actividades de desobediencia civil llegaron a ser aproximadamente 300 detenidas en toda la reclusión que tienen las siguientes reivindicaciones:

  • La creación de una mesa de concertación entre el INPEC y las detenidas y detenidos sobre derechos humanos y sistema carcelario.

  • Que el reglamento aplicado al interior de la reclusión de mujeres debe tener PERSPECTIVA DE GÉNERO.

  • La presencia de un/a médico y suficiente personal de enfermería las 24 horas al interior de la cárcel. Citas con especialistas y principalmente con Ginecología y la implementación de un sistema integral de salud en las cárceles.

  • Descuento en las tarifas de teléfono y control a los contratistas de dicho servicio. (Telenacional)

  • Mejoramiento en la alimentación, raciones de comida y control de precios y calidad en los expendios. Vigilancia y seguimiento administrativo a contratistas de la alimentación en la cárcel.

  1. Estas han sido las principales exigencias en la Reclusión de Mujeres de ERON – Jamundí, demandas que se circunscriben a derechos reconocidos constitucionalmente, reivindicaciones que son obligaciones legales que el INPEC viene incumpliendo. Sin embargo, la dirección del ERON – Jamundí y de la Reclusión de Mujeres de Jamundí en cabeza de Francisco Aníbal Guerra Ordoñez y Claudia Patricia Giraldo Ossa respectivamente, en una clara persecución en contra de los manifestantes y desconociendo lo derechos que estos tienen a exigir la garantía y cumplimiento de sus derechos legales y constitucionales han empezado a tomar represalias en contra de los y las manifestantes con la finalidad que cesen las protestas y reivindicaciones. Al respecto, los y las detenidas han informado que se está presentando la siguiente situación:

  • En respuesta a las internas que se encontraban en huelga de hambre se alteró el menú de alimentación y empezaron a dar alimentos muy apetecidos por las detenidas que usualmente se da una vez cada 15 días. Esta vez se dieron 2 días de seguido durante la huelga de hambre en una clara intención de golpear moralmente a las mujeres protestantes.

  • La entrega de raciones de comida tipo refrigerio en la noche, cuando usualmente nunca se hace entrega de esto.

  • En lo informado por las detenidas, las mujeres recluidas en Maternas, Mediana y Años Dorados querían sumarse a las actividades de protesta y presuntamente fueron amenazadas y persuadidas por las guardianas del INPEC quienes al parecer le manifestaron que si se sumaban a la protesta les iban a mantener cerradas las celdas y les quitarían a sus niños.

  1. Para el caso de los hombres recluidos en el ERON – Jamundí, estos han estado participando activamente de las jornadas de protesta. Algunos detenidos de los patios 1A, 1B, 2A y 2B del edificio España de alta seguridad han desarrollado las siguientes acciones de protesta:

  • Permanecer sentados en los patios.
    No permitir el conteo de los presos
    No salir a recibir las notificaciones.
    No asistir a las actividades educativas.
    Los monitores no salen a dar las monitorias.
    No recibir encomiendas.
    No comprar en los expendios.

  1. En esa coyuntura, los detenidos se preparaban a iniciar una huelga de hambre, frente a lo cual la dirección del INPEC citó a una reunión a todos los detenidos representantes de Derechos Humanos de los patios y los instó a que no iniciarán dicha huelga de hambre. Para impedir la protesta los representantes de Derechos Humanos fueron trasladados a las UTE (Unidad de Tratamiento Especial) y al patio 7C del edificio Brasil en un claro acto de persecución y violación de sus derechos.

Esta situación ha reducido considerablemente el número de hombres y mujeres en resistencia y pretende eliminar cualquier manifestación de inconformidad al interior de la cárcel. Cuestión de mucha preocupación, porque el INPEC en vez de tratar de resolver los delicados problemas de ese establecimiento, lo cual es un imperativo legal, se dedica a disolver, perseguir y amenazar a quienes denuncian la situación o quieren hacer parte de ella en una manifiesta violación a sus derechos de participación, petición y protesta social.

De acuerdo a lo anterior, instamos a la Dirección Nacional del INPEC, Ministerio de Justicia, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo para que investiguen y hagan seguimiento a dicha problemática.

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos condena la situación violatoria de los derechos de las personas privadas de libertad y solicita una vez más al gobierno nacional, al ministerio público, al INPEC a que se tomen medidas efectivas, oportunas y consensuadas con las organizaciones defensoras de los derechos humanos y con las personas privadas de la libertad para encontrar salidas reales a la situación endémica, continuada y generalizada que violenta los derechos de más de ciento once mil personas presas en las cárceles estatales y las de sus familiares.

Rechazamos también los ataques contra los presos y presas manifestantes que exigen garantías y respeto a los derechos humanos en las cárceles. Ataques que se producen precisamente por sus acciones cívicas y pacíficas para exigir sus derechos.


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