Campesinos asesinados y Estado de Excepción es la respuesta Estatal al Paro Agrario

Paro agrario en Colombia

Paro agrario Colombia

El paro agrario en Colombia es una voz organizada frente a la negación continua e histórica de los derechos de los campesinos, los sectores sociales y los gremios productivos que no viven de la especulación financiera y la explotación laboral. Es una acción política que busca garantizar una solución real y eficaz a las necesidades fundamentales para la vida digna.

Sin embargo el Gobierno se niega en aceptar La Mesa nacional agropecuaria y popular de interlocución y acuerdo. Y tras 7 días de paro han sido asesinados 3 campesinos en el Departamento de Boyacá, otros cientos fueron detenidos de forma arbitraria (varios de ellos fueron judicializados con pruebas falsas). Se han presentado casos de violencia sexual contra jóvenes, violaciones al Derecho internacional Humanitario, y otras graves violaciones a los derechos humanos. Todo bajo la responsabilidad de la Fuerza Pública, el Gobierno y sus ministros.

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ha denunciado estas graves violaciones y ha encabezado una misión humanitaria que se encuentra en el Departamento de Boyacá, uno de lo más violentados, y ha podido documentar que la fuerza pública es responsable directa, incluyendo el asesinato de una persona el 19 de agosto, de:

“La ocurrencia de violaciones sistemáticas, generalizadas e indiscriminadas a los derechos humanos de los pobladores boyacenses y de los participantes del Paro Agrario. Y ha cometido ataques múltiples a la Dignidad Humana, La vida, integridad personal, y en general las libertades civiles y políticas de la población, con los que ha ocasionado:

– Heridas con con arma de fuego, con arma blanca y elementos contundentes como palos, piedras, patadas, puñetazos. Abuso sexual contra jóvenes (hombres y mujeres). Amenazas de agredir sexualmente a las mujeres, esposas e hijas de los campesinos. Actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años. Ataques contra jóvenes y menores de edad en condiciones de indefensión, pues se efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios. Saqueo y ocupación de casas, negocios y bienes protegidos por el DIH, como la Institución Educativa Panamericano, Escuela Nueva Sede Bolivariana y la Escuela Paloblanco, ubicadas en Puente Boyacá, El uso de ambulancias para el transportes de miembros del ESMAD, lo cual constituye igualmente una violación al DIH, el uso irregular de emblemas humanitarios y un grave ataque a la Misión Médica”.

 El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos iniciará denuncias penales contra el ESMAD y el Gobierno nacional por estos crímenes de Estado.

Esta situación es de conocimiento público. El Gobierno colombiano vulnera la ley y los derechos de los pueblos. Declara guerra interna contra los manifestantes en ésta jornada de exigibilidad de derechos. Las instituciones e instrumentos de gobierno, junto a los grandes medios de comunicación, han sido sistemáticos en la criminalización de esta protesta social señalándola de ser direccionada por las fuerzas insurgentes (ELN y las FARC) poniendo en riesgo la vida de los manifestantes y de los dirigentes sociales que, tras estos señalamientos, han sido declarados objetivos militares por el paramilitarismo.

Así las cosas, todas estas violaciones, son responsabilidad del Presidente y los ministros quienes, sin decretarlo oficialmente y bajo los conductos que la ley exige, han impuesto un Estados de excepción en las zonas de mayor movilización social dando con ello un tratamiento de guerra a la crisis social, y de enemigos internos con tinte de terroristas a los dirigentes y manifestantes del paro. Con ello el Gobierno prefiere generar e imponer una acción de guerra contra civiles y perpetuar el exterminio sistemático de dirigentes campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, indígenas y negros, que un espacio de diálogo y negociar con estos sectores sociales quienes han conformado una mesa agropecuaria como espacio dinamizador del paro y de diálogo para llegar a acuerdos que posibiliten superar la crisis y crear soberanía alimentaria, condiciones dignas de vida y de trabajo, protección del medio ambiente, seguridad y justicia social.

   Desde esta mesa se acordó una agenda que ya es de conocimiento Gubernamental y en la que se propone solucionar la crisis agropecuariagarantizar la protección ambiental, buscar la disminución en los costos en los insumos agro-químicos, una regulación y control de la importación de alimentos, regulación y rebaja de los precios de los combustibles, garantizar el acceso a la tierra con el reconocimiento de la territorialidad campesina, indígena, Afro,participación de las comunidades en la política minero-energética, garantías y respeto en el ejercicio de los derechos civiles y políticosinversión eficaz y atinente en saludeducación, vivienda, vías, el cumplimiento de acuerdos anteriores frente a estos temas firmados entre campesinos y Gobierno. y la aplicación de justicia frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por la fuerza pública e incentivada por el gobierno nacional. También se incluye en la agenda el rechazo a los Tratados de Libre Comercio, la gran minería y la protección a la pequeña minería, la minería ancestral.

  Desde el Congreso de los Pueblos seguimos defendiendo los derechos civiles y políticos, seguimos denunciando y movilizándonos en el Paro Agrario y el paro de los trabajadores de la DRUMMOND. Invitamos a los sectores sociales, las organizaciones políticas, sociales y obreras que no se han sumado al paro para que inicien jornadas de movilización y denuncia para fortalecer la mesa de unidad agropecuaria y ampliar las propuestas que busquen soluciones a la crisis social, humanitaria, ambiental, laboral, y garanticemos entre todos una situación de vida digna con justicia social.

    Rechazamos y luchamos contra las detenciones arbitrarias, masivas e ilegales, los montajes judiciales con falsos testigos y falsas pruebas, los asesinatos y toda la indumentaria de mentiras y señalamientos contra las organizaciones políticas, sociales, populares y contra el pueblo. Rechazamos el terror militar y paramilitar con el que se pretende acallar a los pueblos. Rechazamos el terror jurídico y mediático con el que se nos criminaliza, judicializa y estigmatiza. Rechazamos el terror económico con todo su asquerosa locomotora del terrorismo de Estado y sus presupuestos de desarrollo sobre la sangre de las gentes más humildes y desprotegidas.

Por: Celestino Barrera A

Comunicaciones Congreso de los Pueblos

 www.congresodelospueblos.org

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