Continúa Movilización social, y la represión contra manifestantes en Aguachica Cesar

Foto de Oscar Paciencia

Minero Foto de Oscar Paciencia

Colombia, 27 sep/2013 –Mineros artesanales, agricultores, pescadores, pequeñas transportadores de los departamentos del Cesar y Bolívar siguen en las calles movilizándose por el derecho al territorio, a la vida, la protección del medio ambiente y contra la minería a gran escala. Hasta ahora la policía ha herido cerca de 30 personas, 2 de ellas de gravedad, una con arma de fuego y otra con lesiones craneoencefálicas con arma contundente. HAROL PEÑA fue herido por una bala disparada con arma de fuego en la pierna izquierda
. JULIO MANUEL fue herido con objeto contundente que le ocasionándole una fractura craneal en la parte frontal[1].

El gobierno no escucha, dilata el diálogo y después violenta física, moral y jurídicamente a los manifestantes. A finales de agosto los campesinos y gobierno habían llegado a un acuerdo para iniciar la mesa, pero el gobierno incumple de nuevo, y esto provocó el bloqueo. Durante la jornada de movilización sostuvieron 4 reuniones (los días 3, 13, 18 y 24 de septiembre) con representantes del gobierno nacional en el marco de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar. Pero el gobierno no aceptó acuerdo alguno.

Los manifestantes se concentran en la ciudad de Aguachica, Cesar, y en estos momentos obstruyen la Troncal del Caribe, la cual comunica el interior del país con el Caribe colombiano. Esta acción de bloqueo se decide después de dos meses de concentración sin bloqueos, (desde el 1 de sep/2013) y la negación del gobierno para construir y sostener una mesa de diálogos que construya y dinamice soluciones a favor de las comunidades y el medio ambiente afectados negativamente por la extracción minera a gran escala por multinacionales como Anglo Gold Ashanti en l región.

Vale anotar que la multinacional Anglo Gold Ashanti ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por las comunidades como una empresa relacionada con la comisión de crímenes de lesa humanidad tales como desplazamientos y desapariciones forzadas. Relacionada con estructuras paramilitares que tras despojar a campesinos de sus tierras facilitaron la adjudicación de licencias y concesiones para que esta multinacional ingresara a esta región extracción de oro. También esta relacionada con destrucción del medio ambiente por medio de la deforestación y contaminación con cianuro [2].

También denuncia la Federación Agro-minera del Sur de Bolívar -FEDEAGROMISBOL, una de las organizaciones que viene dinamizando la jornada de exigibilidad de derechos, que entre los sabotajes del gobierno contra la protesta pacífica está, además de la violencia policial, el robo o “incautación” de alimentos destinados a alimentar a los campesinos.

Qué exigen las comunidades:
1. Salida inmediata de las empresas nacionales, multinacionales y transnacionales mineras y de agroindustria que desarrollan proyectos a gran escala de exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables de la región. Y todas aquellas que desarrollan proyectos de infraestructura en el sur de Bolívar y el sur y centro del Cesar.

2. Suspender inmediatamente todo lo actuado unilateralmente por las autoridades nacionales relacionado con la definición de zonas de protección ambiental, sean zonas de reserva forestal, zonas temporales de recursos naturales o parques naturales nacionales. Este proceso debe ser adelantado de manera clara y transparente y con participación activa de las comunidades.

3. Que el gobierno nacional defina, junto con las comunidades agromineras, una política de reconocimiento, promoción y defensa de la pequeña minería, diferenciándola y protegiéndola de la minería a gran escala.

4. Que el gobierno nacional adelante todas las acciones tendientes a reparar integralmente el daño ambiental que han causado en la región la actividad ilegal de las máquinas retroexcavadoras que adelantan labores de minería y el causado por las empresas mineras, de agroindustria o de infraestructura en el montaje y desarrollo de sus megaproyectos.

5. Como medida de reparación integral del grave daño cometido contra la población de la región y sus organizaciones por la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, las tierras entregadas a las empresas nacionales y extranjeras y a personas que se beneficiaron de estos crímenes, deben ser devueltas en su totalidad a sus legítimos propietarios, poseedores o tenedores.

6. Que las exigencias presentadas por las comunidades sean atendidas directamente por los funcionarios del alto gobierno que tengan la capacidad de tomar las decisiones que exigen nuestras reclamaciones.

3. SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo del César, de Bolívar, Magdalena Medio y a la Defensoría nacional, hacer presencia inmediata.

____________________________

[1] Comunicado: Represión y violencia Estatal contra manifestantes del Sur de Bolívar y Cesar http://www.corporacionsembrar.org/?q=node/222en el Cerro Los Chivos del municipio de Aguachica.

[2] Juicio a Anglo Gold Ashanti: Caso de La Toma http://www.youtube.com/watch?v=biLYRlLE7UE

Escrito por: Celestino Barrera A.

Comunicaciones Congreso de los Pueblos
http://www.congresodelospueblos.org

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