Nueva demanda contra la policía por uso de armas no convencionales y atentados contra la vida

Leonardo Umaña Fotografía

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El Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD, de la policía colombiana, nuevamente fue denunciada por 1) intento de asesinato; 2) infracciones al Derecho Internacional Humanitario tras la  utilización de armas no convencionales tales como granadas de aturdimiento recalzadas con trozos de metralla hecha con tornillos, clavos y otros materiales metálicos contra población civil; la 3) utilización de armas de fuego contra manifestantes las cuales no hacen parte de su dotación, y 4) por el uso desproporcionado de la fuerza en hechos ocurridos en el Departamento del Cesar los días 25 y 26 de septiembre/2013. Una de las organizaciones que adelanta la denuncia es la Federación Agro-minera del Sur de Bolívar FEDEAGROMISBOL.

 En esta ocasión la policía hirió a 15 personas de las cuales 1 fue herida con arma de fuego en su pierna izquierda y a otra sufrió contusión cerebral con fractura de cráneo. Las denuncias fueron presentadas ante la fiscalía seccional y defensoría del Cesar.

 La violencia policial empezó el 25 de Sep/2013, a las 11 de la noche, en la zona conocida como el Cerro de los Chivos, jurisdicción del municipio de Agua Chica Cesar. La policía argumenta que fue ordenada para que despejaran la vía donde se concentraban los campesinos y mineros desde las 10 de la noche de ese día.

 El 26 de sep/2013, además de gases lacrimógenos, la policía disparó armas de fuego -fusiles y pistolas- y capsulas recalzadas con metralla hecha de tornillos y trozos de metal contra los manifestantes. En una acción de defensa la comunidad controló a dos policías de ESMAD con el fin de disminuir su alto grado de violencia, fueron asistidos médicamente por heridas que recibieron y luego fueron puestos a disposición de la cruz roja y la defensoría del pueblo.

 La comunidad hizo entregó a la defensoría y a la fiscalía regional del cesar elementos que evidencian la utilización de armas no convencionales y armas de fuego utilizadas por el ESMAD de la policía contra la comunidad y los manifestantes.

 La comunidad rechaza la violencia porque perpetua la violación de sus derechos.

La Federación Agro-minera del Sur de Bolívar y las organizaciones del Cesar manifiestan que este tipo de violencia siempre ha sido rechazada por ellos y toda la comunidad y que tras 25 días de movilización nunca se lanzó un solo ataque contra la policía o el transporte y movilidad de la troncal. Sin embargo el gobierno provocó esta situación con sus incumplimientos e irrespeto a las comunidades y con la utilización de la violencia policial para negarse a asumir su responsabilidad con la solución a las múltiples violaciones a los derechos de estas comunidades.

 Qué exigen las comunidades:

Las organizaciones, la comunidad y personas que participan en ésta jornada de movilización, iniciada el 1 de septiembre/2013, exigen del gobierno nacional retirar las políticas y acuerdos financieros que vienen generando graves violaciones a los derechos humanos, despojo y crímenes de lesa humanidad en la región. Estas políticas están atadas a intereses económicos de empresas nacionales y multinacionales dedicadas al extractivismo minero energético, a los agro-negocios y/o monocultivos a gran escala, y a megaproyectos. De ahí que exigen también el retiro de estas empresas, la protección de los derechos ambientales y seguimiento y esclarecimiento, en términos de justicia, sobre las violaciones a los derechos humanos.

 Para esto han planteado al menos cuatro mesas de trabajo: minería y medio ambiente, tierra y territorio, inversión social, y derechos humanos. Mesas a las que el gobierno se comprometió en respetar y dialogar para acordar soluciones concretas, realizables y que superen la crisis ambiental, humanitaria y de despojo a las que son sometidas las comunidades en movilización. Sin embargo, después de varias reuniones, el gobierno sigue negándose en asumir decisiones frente a las propuestas presentadas, sobre todo reina su negativa en tomar decisiones frente a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, ambientales, y los requerimientos para poner fin y sancionar a las empresas y personas responsables.

 En estos momentos el gobierno se encuentra sentado de nuevo en la mesa. Las comunidades esperan que el gobierno, tras retomar los diálogos, se logren avances frente a sus exigencias. Y evitar con ello la continuidad de las violaciones de los derechos humanos, económicos, políticos y ambientales en la región.

Por Celestino Barrera

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