La Ola de Asesinatos y La Paz en Colombia

By Gearóid Ó Loingsigh

21/11/2016

Colombia – Foto por el Congreso de los Pueblos

Colombia – Foto por el Congreso de los Pueblos

Los grupos de derechos humanos y organizaciones sociales han expresado su consternación y preocupación por la reciente ola de asesinatos de dirigentes sociales en el país justo cuando parece ser que nos encontramos al final del proceso de paz con las FARC y a punto de comenzar con la implementación de los acuerdos. 

Aunque los asesinatos son chocantes no es un fenómeno nuevo. Cuando las FARC comenzaron su proceso, la Marcha Patriótica sufrió una racha de asesinatos antes y después del comienzo de los diálogos con las FARC. El senador Iván Cepeda del Polo Democrático ha afirmado en declaraciones a la prensa “que desde 2012 han asesinado a 123 integrantes de ese movimiento político (énfasis es del original) y en lo corrido de este año a 16”[1] y además hay que contabilizar los asesinatos de militantes de otros movimientos como el Congreso de los Pueblos y los sindicatos, organizaciones estudiantiles, opositores a la minería. En fin, el terrorismo de Estado no ha dado tregua durante todo este proceso.

En el departamento de Cauca hubo otra racha de asesinatos este año. En ese momento la prensa intentó presentar al ELN como los responsables de esos asesinatos, aún cuando ocurrieron en zonas donde ellos tienen su base social y no hay motivo aparente para el ELN. Es que no se puede endilgar al paramilitarismo. El discurso oficial es que estamos en paz y el futuro se ve resplandeciente y si hay actos de violencia deben ser acciones de la otra guerrilla con quien no se ha podido avanzar. En un acto de sectarismo político y servilismo a la causa del Estado, Carlos Lozano, el director del periódico del Partido Comunista, Voz, también acusó al ELN. Emitió una carta pública reclamándoles a los elenos por supuestos asesinatos de comunistas en el departamento de Arauca. El ELN lo negó. No hay espacio para entrar en detalles de las sindicaciones de Lozano, pero guardan más relación con la realidad las novelas de Harry Potter que los exabruptos del dirigente. Lozano goza de cierta credibilidad entre la izquierda y hasta la prensa burguesa, y pudo usar su posición para denunciar al paramilitarismo, pero prefirió ganar puntos contra el ELN, haciendo un flaco favor a sus amigos de las FARC. Valga la pena recordar al lector que Lozano no pasará a la historia no como opositor del Estado sino como el “comunista” quién declaró a favor de César Pérez, el paramilitar y autor intelectual de la masacre de 43 personas en Segovia, en el juicio adelantado en su contra donde Pérez fue condenado a 25 años.[2]

Así, no obstante las declaraciones del amiguito de Pérez, hay que buscar a los responsables reales de esos asesinatos. La más reciente ola segó la vida al dirigente de la Marcha Patriótica, Erley Monroy en el departamento de Caquetá donde el ELN no tiene presencia. La prensa en vez de señalar a los paramilitares, ya que no hay elenos en la zona, habla de un misterio y que la policía está investigando. Valga recordar que cuando la guerrilla ataca al Ejército, en poco tiempo nos nombran hasta la unidad del frente que llevó a cabo la acción.

No quieren reconocer que el paramilitarismo nunca desapareció. No podemos esperar más de la prensa colombiana. Mientras tanto varios políticos de la izquierda no han dudado de la autoría de los paramilitares. El problema no es que señalen a los paras, sino, no nos hablan del porque. Para muchos , los asesinatos son un intento de entorpecer el proceso con las FARC en su última fase. Según esas versiones el paramilitarismo es el enemigo del proceso, lo cual puede ser cierto, y eso explica la violencia. Si fuera así, el argumento principal sería que hay que avanzar rápido con el proceso y que el ELN tiene que sumarse a lo ya acordado con las FARC en aras de poner fin a la violencia cuanto antes. Lastimosamente esa violencia no se puede explicar en esos términos y no llegará a su fin con la implementación del Acuerdo Final con las FARC ni con el proceso con el ELN.

Guatemala

Guatemala nos muestra claramente lo que podemos esperar del proceso de paz, en términos de la reducción o eliminación de la violencia contra los movimientos sociales. Este año Guatemala celebra 20 años de la firma de la paz con la guerrilla de la URNG. Igual que en Colombia, prometieron una tierra de leche y miel, el fin de la violencia y prosperidad. Existe una tendencia de ver la violencia en ese país y en El Salvador como parte de un proceso de descomposición social, y sin duda, la criminalidad, la pobreza y las drogas juegan su papel. Pero aquí queremos enfocarnos en la violencia política, el terrorismo de Estado (frase que ya no está de moda ni allá ni acá).

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA), entre 2000 y octubre 2016 hubo un total de 4.958 agresiones contra activistas en el país. De esos, 205 corresponden al año en curso, y el peor año fue 2014 cuando hubo 813 agresiones, entre ellas intimidaciones, acciones judiciales, allanamientos, intentos de asesinato y por supuesto asesinatos.[3] Según la misma fuente, los ambientalistas son uno de blancos principales. Eso no es mera coincidencia, Guatemala es uno de los países más abiertos a la inversión extranjera, y por eso ha experimentado un aumento dramático en la construcción de hidroeléctricas y también en minería. La actual legislación minera en Guatemala es el resultado del proceso de paz y se aprobó en el primer gobierno del llamado posconflicto (Álvaro Arzú 1996-2000) y redujo las regalías de 6% a 1%.[4] El resultante flujo de empresas mineras hacia el país aumentó los conflictos sociales, y los conflictos por el uso de la tierra y como consecuencia aumentaron los asesinatos de ambientalistas y dirigentes comunitarios en las zonas sujetas a la depredación minera.[5] Un ejemplo de eso es la hidroeléctrica de Santa Rita, financiado por el Banco Mundial y la Unión Europea, ¡sí ellos, la misma UE que dice que quiere la paz en Colombia! Este proyecto no contó con el permiso ni fue consultado con la comunidad indígena y han matado a seis indígenas en un intento de intimidar a la comunidad. Dos de los muertos son niños, ambos sobrinos de un dirigente de la zona quien se reunía con el Relator de la CIDH en el momento de los asesinatos a manos de un empleado de la empresa.[6]

Cuando preguntamos por las olas de asesinatos que se han presentado en Colombia desde los comienzos del proceso con las FARC, debemos mirar lo que pasa en esas regiones, cuales son los intereses en juego. Antes la Izquierda y las ONG de derechos humanos hacían eso, casi de forma automática, aplicando el viejo refrán de seguir el dinero. Ya no, matan a un dirigente y todos preguntan ¿por qué? Y a esa pregunta solo podemos responder con otra ¿No es obvio? Es por las mismas razones de ayer y el año pasado y por las mismas razones porque pronto matarán a otros. Los asesinatos no entran en contradicción con el proceso de paz, sino son una parte integral de ese proceso y el posconflicto. El capitalismo ganó y siente la necesidad de seguir eliminando a opositores, tal como lo siguen haciendo en Guatemala 20 años después de terminar el proceso con la URNG.

En este mismo mes de noviembre cuando las organizaciones sociales colombianas protestan los asesinatos recientes, en Guatemala protestan los asesinatos del sindicalista Eliseso Villatoro y el periodista Hamilton Hernández y su esposa.[7] Y el 12 de noviembre el asistente de la Dirección General del Centro de Acción Legal- Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) Jeremy Abraham Barrios Lima fue asesinado a tiros en la ciudad de Guatemala.[8]

No nos engañemos, esos asesinatos seguirán, y los hinchas del proceso los olvidarán justo como ahora olvidan la racha de asesinatos con que comenzaron el proceso de paz. Debemos estar de luto por esos dirigentes, pero no podemos aceptar los asesinatos representan una torpeza para el proceso de paz. Los hinchas del proceso ya han demostrado que están dispuestos a firmar lo que les pongan debajo de las narices. Estos asesinatos son una parte integral del proceso y seguirán por muchos años después, porque el capitalismo triunfante necesita garantizar su estabilidad. Las organizaciones sociales no pueden bajar su guardia, ni ahora ni después de la implementación de los acuerdos y deban hacer caso omiso de los hinchas del proceso que prometen el fin del terrorismo de Estado. No está en sus manos poner fin a esa violencia.

Gearóid Ó Loingsigh – goloing@gmail.com

Fuentes:

  1. Denuncian proceso de genocidio contra Marcha Patriótica http://www.caracol.com.co 21/11/2016
  2. El audio del testimonio de Lozano se encuentran disponible en https://www.youtube.com/watch?v=SABoNFMzg1E
  3. Véase http://udefegua.org 3 Véase http://udefegua.org
  4. Vandenbroucke, E. (2008) Environmental and Social Impacts of Mining in Guatemala: The Role of Local Communities and the Ecological Justice Movement, VUB.
  5. Sobre el tema de minería y derechos humanos en Guatemala, existen muchos informes, el lector puede comenzar con el informe de Amnistía Internacional AI (2014) Mining in Guatemala: Rights at Risk, amr 34/002/2014 http://www.amnesty.org
  6. Artur Neslen (2015) ‘Green’ dam linked to killings of six indigenous people in Guatemala http://www.theguardian.com
  7. Véase http://udefegua.org op.cit.
  8. Amnistia Internacional Acción Urgente AMR 34/5144/2016
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